Primavera Negra

Nuevas legislaciones: ¿leyes para una clase?

VI Congreso del PCC

Nuevas legislaciones: ¿leyes para una clase?
Miriam Celaya
La Habana 11-04-2011 – 1:20 am.

La ministra de Justicia pretende 'ajustar' las normas jurídicas a las
decisiones que se tomen en el próximo congreso del Partido Comunista.

La ministra de Justicia, María Esther Reus.

Con el peculiar estilo críptico de los pronunciamientos oficiales, la
ministra de Justicia, María Esther Reus, ha anunciado recientemente que
el gobierno "ajustará y compatibilizará" las normas jurídicas a tenor de
las decisiones que se adopten en el VI Congreso del Partido Comunista,
que deberá celebrarse entre los próximos 16 y 19 de abril.

Dichas declaraciones, pronunciadas en el marco del Tercer Congreso
Internacional Juriscuba 2011, hacen referencia a una "actualización
normativa" y a un "perfeccionamiento legislativo" en correspondencia
"con la nueva realidad nacional y los objetivos propuestos", proceso que
—según planteó— "elevará el papel del asesoramiento legal" y será vital
para el perfeccionamiento y las contrataciones económicas de las
empresas cubanas.

Poco se puede dilucidar de un texto que evita las precisiones; no
obstante, al subordinarse implícitamente la actualización de las normas
jurídicas a las disposiciones que dimanen de un Congreso cuyos
lineamientos han resultado altamente cuestionables, incluso dentro de
las propias filas de militantes del PCC, es de esperar que las nuevas
leyes adolezcan también de flagrantes omisiones.

En otras palabras, cabría esperar leyes cosméticas o ambiguas para
legitimar instrucciones oficiales imprecisas y dirigidas esencialmente a
la actividad económica, tema este último en el que —obedeciendo a las
directrices impuestas expresamente por la máxima dirección— se centrarán
los "debates" del congreso del partido único.

Para nadie es un secreto que desde mucho tiempo atrás las legislaciones
cubanas han clamado a gritos por cambios profundos. Las disposiciones
del nuevo Presidente durante los últimos dos años, en su desesperado
intento por oxigenar una economía en perenne fase de asfixia, llevaron a
la implementación de actividades que —contradictoriamente— constituyen
delito según las actuales leyes, como ocurre con la contratación de mano
de obra por particulares, en este momento oficialmente permitida en
virtud de estimular el renacido "cuentapropismo". De igual modo, el tema
de la entrega de tierras en usufructo a campesinos particulares, que se
supone ya haya superado el tiempo de experimentación desde su
implementación hasta esta fecha, y que en la práctica debería pasar a
una etapa de consolidación y generalización, debe estar contemplado en
la agenda de los letrados que se encargarán de introducir las
mencionadas modificaciones legales.

Ahora bien, si parafraseando a la ministra de Justicia, el
perfeccionamiento legislativo deberá estar acorde con la nueva realidad
nacional, se tendría que tomar en cuenta que dicha realidad rebasa
ampliamente los estrechos límites de las regulaciones económicas.

En tiempos recientes se han estado produciendo en Cuba acontecimientos
sociales que no están exentos de implicaciones políticas. Uno de esos
importantes hechos ha sido la liberación de los 75 prisioneros políticos
de la Primavera Negra (2003) —y de otros presos de conciencia,
condenados en procesos diversos—, lo que implica de por sí la ilegalidad
de sus condenas. Se impone, pues, la eliminación de las leyes que
permiten el encarcelamiento de las personas por profesar y expresar
ideas diferentes o contrarias a las del gobierno. Simultáneamente,
habría que dictar leyes nuevas que permitan impulsar el libre flujo de
la información, del pensamiento y de las opiniones, entre otras,
relacionadas con los pactos de derechos humanos firmados, aunque nunca
ratificados, por el gobierno en febrero de 2008.

De no hacerse así, a lo absurdo de eludir los temas sociopolíticos en el
cónclave más importante de un partido político, se sumaría también el
inadmisible caso de supeditar las leyes a las directrices de la política
económica de ese propio partido, que es a la vez Estado y Gobierno. Un
acomodo legal de apoyo a los intereses de la clase en el poder.

Si bien resulta positivo afianzar legalmente el actual proceso de
tímidas reformas económicas como un primer paso en lo que tendría que
ser un largo camino de transformaciones de todo tipo, resultaría
totalmente contraproducente que la "actualización legislativa" no
contemplara en toda su complejidad el espectro sociopolítico de estos
tiempos, para poner las leyes en consonancia con las necesidades y
aspiraciones de todos los cubanos.

Tag: Represión

http://www.diariodecuba.com/opinion/4061-nuevas-legislaciones-leyes-para-una-clase

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